Catalonia voted on
1 October 2017
Catalonia voted on
1 October 2017
Durante las elecciones autonómicas, los principales partidos políticos catalanes proponen reformar el Estatuto de Autonomía de 1979 con la intención de acomodar finalmente a Cataluña en el sí de una España plural.
Durante la campaña, José Luís Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español y futuro Presidente del Gobierno de España, se compromete a dar apoyo al nuevo Estatuto que debe redactar el Parlamento de Cataluña.
El Parlamento de Cataluña aprueba (con el apoyo de 120 de los 135 diputados) y envía a Madrid una propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía de 1979, reconociendo a Cataluña como nación, evitando la interferencia de Madrid en las competencias delegadas y otorgando un control total a Cataluña sobre un acuerdo financiero transparente y racional. El texto tiene que ser aprobado por las Cortes Generales españolas y confirmado por el pueblo de Cataluña a través de un referéndum para que entre en vigor.
El partido de Mariano Rajoy desafía la ley catalana desde la oposición delante del Tribunal Constitucional español, que, sorprendentemente, acepta el caso. Se recogen cuatro millones de firmas contra el Estatuto en el resto de España.
Las dos cámaras de las Cortes Generales discuten y diluyen el texto propuesto por el Parlamento de Cataluña. El presidente español Zapatero decepciona a muchos catalanes al no poder mantener su palabra de aprobar el texto tal y como fue redactado por el Parlamento Catalán.
Pese a ser una versión diluida, el 73,9% de los catalanes ratifican el texto. Seguidamente, el Rey español Juan Carlos I lo firma y entra en vigor como ley orgánica española. Es la primera vez que el Estado español reconoce a Cataluña como nación.
Tras cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional de España, a partir de una mayoría de 4 de sus 6 miembros, reescribe y cambia la interpretación de 41 artículos –en su mayoría referentes a la lengua, la justicia y la política fiscal– diluyendo así el principal instrumento de autogobierno de Cataluña. Se borra también la referencia a Cataluña como “nación”.
Un millón de personas sale a las calles de Barcelona con un mensaje claro: la relación entre Cataluña y España no puede ser decidida por diez jueces a puerta cerrada. Los principales partidos españoles no proponen como se debería restaurar el Estatuto tal y como fue acordado por los parlamentos catalán y español y ratificado por el pueblo de Cataluña.
La nueva agenda política es clara: nueva centralización de las competencias delegadas y una posición agresiva hacia la autonomía, la cultura y la lengua de Cataluña.
Al no llegar ninguna reacción de los partidos políticos españoles en referencia a las preocupaciones de la sociedad catalana, la sociedad civil vira de la defensa de la autonomía de Cataluña hacia una posición claramente independentista.
Ya que el presidente español Mariano Rajoy rechaza todo intento de propuesta concreta en asuntos políticos y presupuestarios, el presidente catalán Artur Mas y diferentes partidos políticos catalanes acuerdan convocar elecciones autonómicas para ver si ha habido un cambio considerable en la percepción de los ciudadanos sobre la independencia, como parecía indicar la manifestación de Barcelona.
107 de los 135 diputados del nuevo Parlamento catalán son favorables a un referéndum de autodeterminación como la mejor opción para saber qué piensa la mayoría de catalanes sobre la independencia y como forma efectiva de canalizar desde las instituciones el movimiento masivo independentista que va de abajo a arriba.
La solicitud es apoyada por 104 de los 135 diputados, incluyendo aquellos pertenecientes a la coalición gubernamental y a cuatro partidos de oposición. Únicamente dos partidos la rechazan (Partido Popular y Ciudadanos).
La Asamblea Nacional Catalana organiza una manifestación inspirada en la Vía Báltica de 1989. También se organizan cadenas humanas de menor dimensión en más de 100 ciudades alrededor del mundo.
Tal y como sucedió en el Reino Unido, el Parlamento de Cataluña pide al Gobierno español la transferencia de las competencias legales para celebrar un referéndum. Este voto llega a ser pedido dieciocho veces por las instituciones catalanas.
Los dos principales partidos españoles (Partido Popular y Partido Socialista) coinciden y votan “no”. El 86% de la cámara vota en contra y sólo el 13,5% lo hace a favor.
Forman un mosaico con los colores de la bandera catalana de 11 quilómetros de largo en forma de una V gigante que reclama “Votar”.
Puesto que los referéndums pueden ser convocados sólo por el gobierno central y éste rechaza hacerlo, el Parlamento de Cataluña aprueba una ley autonómica que debería capacitar al gobierno catalán a organizar una votación menos formal, la llamada “consulta popular”.
Los ciudadanos de Cataluña podrán votar a favor del statu quo, a favor de un nuevo acomodamiento para Cataluña dentro de España (sujeto de propuesta de Madrid) o a favor de la independencia. Los extranjeros registrados y los jóvenes de entre 16 y 18 años podrán participar.
En una reunión plenaria urgente y no programada, el Tribunal Constitucional acepta el recurso del Gobierno español y decide suspender temporalmente la Ley de consultas ni vinculantes y el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.
Los Alcaldes se reúnen en la sede del Gobierno de Cataluña en Barcelona para mostrar su apoyo y compromiso con la consulta del 9 de Noviembre.
Una vez se prohíbe la consulta popular, el plan B consiste en organizar un “proceso de participación ciudadana”, una herramienta ya prevista en el Estatuto que permite a los ciudadanos expresarse en los asuntos públicos y que incluye el acto de votar.
Puesto que el Tribunal Constitucional ha bloqueado todas las vías posibles para pedir oficialmente a los ciudadanos su opinión, el Gobierno de Cataluña decide proponer a diferentes organizaciones no gubernamentales organizar el ejercicio democrático.
La consulta se hace posible gracias a la colaboración de 30.000 voluntarios. Los observadores internacionales la consideran una votación exitosa bajo circunstancias excepcionalmente difíciles, y el Presidente Mas considera que es el último paso antes de la votación definitiva.
También considera que la votación del 9N fue un “fracaso del proyecto de independencia, ya que dos tercios de los posibles votantes no participaron”.
Los tres representantes catalanes son acusados de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y abuso de poder. Podrían ser juzgados, suspendidos y encarcelados porque no pararon el ejercicio democrático.
Está preparado para convocar unas elecciones anticipadas, que serán un plebiscito de facto sobre la independencia si el Gobierno español insiste en bloquear el resto de alternativas.
Rajoy ignora la oferta de reunión hecha por el Presidente catalán pero reitera que está abierto a discutir sobre cualquier tema excepto “la unidad de España”.
Tras el acuerdo alcanzado entre los 2 principales partidos favorables a la independencia (CiU y ERC) y representantes de las principales organizaciones de la sociedad civil que apoyan la autodeterminación. El Gobierno español ha bloqueado el resto de alternativas para la celebración del referéndum.
Pese a que Artur Mas acepte que unas elecciones autonómicas no son la mejor manera de preguntar a la gente sobre la independencia, entiende que es la única forma de permitir a los ciudadanos expresar su opinión al respecto en una votación legal (las instituciones españolas sólo podrían bloquearlas suspendiendo la autonomía de Cataluña).
Una nueva manifestación masiva toma las calles de Barcelona, unas semanas antes de las elecciones.
Los resultados legitiman el Parlamento de Cataluña a avanzar hacia un estado catalán independiente. Los resultados son: 47,8% de los votantes apoyan a listas independentistas, y el 39,1% a partidos unionistas. Un 13% votó listas que apoyaban el derecho a decidir pero sin una opinión clara sobre la independencia.
El presidente Artur Mas cede su puesto para facilitar la constitución de un nuevo Gobierno independentista. El nuevo gobierno se compromete a conducir a Cataluña hasta la independencia en un año y medio.
Es el quinto año consecutivo con manifestaciones multitudinarias y pacíficas. El Gobierno español sigue sin ofrecer ninguna respuesta política y hace caso omiso de la demanda mayoritaria de un referéndum acordado y vinculante.
Más de 400 cargos electos están siendo perseguidos judicialmente por razones políticas, incluyendo a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y el ex-presidente de Cataluña, Artur Mas.
La justicia española ha abierto más de 400 procedimientos legales relacionados con el proceso soberanista contra cargos electos.
Menos de 24 horas después, llega la respuesta de Rajoy, con el consentimiento del PSOE: no habrá negociación sobre el referéndum.
El pueblo catalán será llamado a las urnas para responder la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”
Todos los consejeros del Gobierno catalán firman el decreto que convoca oficialmente a los ciudadanos a expresar su opinión sobre la independencia de Cataluña en un voto vinculante.
Rajoy ignora la reclamación, mientras el Fiscal General del Estado cita a declarar a más de 700 alcaldes catalanes y los amenaza con la detención si ayudan a celebrar el referéndum.
El Fiscal General del Estado ordena a la policía que confisque urnas y material de votación porque el Tribunal Constitucional declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre.
La Policía Nacional y la Guardia Civil confiscan urnas y su violenta intervención deja 894 heridos.
El portavoz del Partido Popular califica la huelga y las protestas de “nazis”.
El Presidente Puigdemont suspende temporalmente los efectos de la declaración para dar tiempo a la mediación internacional y a una solución negociada.
